El acto por el 25 de Mayo quedó envuelto en polémica luego de que el intendente no pudo subir al escenario junto al gobernador Claudio Vidal. Desde el Ejecutivo provincial alegaron que Pablo Grasso y su militancia "llegaron con el propósito de violentar un acto que debía realizarse en paz".
Provinciales25/05/2024
EQCO
Informe: La Opinión Austral
El acto por el 25 de Mayo en Río Gallegos, organizado por el Gobierno de Santa Cruz y el municipio, se vio envuelto en polémica cuando al intendente Pablo Grasso le impidieron subir al palco junto al gobernador Claudio Vidal.
“Vine a participar en el acto del 25 de mayo y la seguridad del gobernador no me permitió ingresar”, denunció el jefe comunal a la prensa antes de retirarse del lugar.
Agregó que, según constaba en los flyers, primero hablaba él y luego el gobernador “en un marco de cordialidad pero bueno… Es lógico que pase eso cuando viene un señor, dueño del petróleo y te saque”.
La versión del Gobierno provincial
Después de la fuerte controversia que suscitó dicha situación y que agravó la tensa relación que mantienen Grasso y Vidal, desde el Ejecutivo provincial lanzaron un comunicado dando su versión de los hechos.
“Más de 50 mil vecinos se encontraron sobre la costanera para disfrutar de un desfile único, de un ejemplo de unidad, proyecto y celebración de la patria. Ese espíritu se impuso, afortunadamente, a un intento organizado y descarado, que tuvo la intención precisa de opacar la fiesta de todos”, señalaron.
Sobre las razones por las que el personal de seguridad le impidió subir a Grasso al escenario, mientras Vidal estaba dando el discurso, indicaron: “El intendente de Río Gallegos, que sabía y conocía en detalle cada paso de la organización del desfile, llegó al acto central del 25 de Mayo casi una hora y media tarde. Repetimos: una hora y media más tarde“.
De hecho, se refirieron a los videos de esta situación que rápidamente circularon en las redes sociales: “Como todos pudieron ver, decidió entrar por la fuerza, acompañado por más de un centenar de funcionarios y militantes que comenzaron a los gritos”.
Seguidamente, aseguraron que el intendente tuvo “el objetivo de interrumpir el acto institucional que comenzó, tal como estaba previsto, a las 09:15 con el izamiento del pabellón nacional, al que el intendente faltó”.
Reprocharon que “también faltó a la celebración ecuménica prevista para las 9:30, en la que, con generosidad de espíritu y unidad en la fe, los representantes de la iglesia católica y las iglesias evangélicas, entregaron su reflexión y bendición”.
En este marco, alegaron que “el intendente tenía reservado su lugar junto al resto de los jefes comunales, pero quiso subir en pleno uso de la palabra del gobernador de la provincia, al palco donde estaban las autoridades de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo provincial”.
Acusaron a Grasso de ejercer una “agresión verbal y física”, que “fue acompañada por un grupo de militantes que quisieron tapar con gritos, empujones, intentos de subirse por la fuerza y por los costados al escenario; a la voz del gobernador que pronunciaba su discurso”.
De acuerdo al Ejecutivo provincial, “no quisieron esperar hasta el final de sus palabras. No era esa su intención. Llegaron tarde, organizados y con el propósito de violentar un acto que debía realizarse en paz, tal cual finalmente sucedió”.
Parra cerrar, destacaron: “El gobierno de Santa Cruz agradece a todo su pueblo, sus organizaciones civiles y militares, sus empresas y sus organizaciones de trabajadores, por el enorme privilegio de realizar con éxito una fiesta popular que celebró la existencia y el camino de la Patria”.
El comunicado fue firmado por Daniel Álvarez, jefe de Gabinete de Ministros; Pedro Luxen, ministro secretario en el Departamento de Gobierno; Marilina Jaramillo, ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura; Jazmín Macchiavelli, ministra de Desarrollo Social; Ariel Varela, ministro de Salud y Ambiente; Gustavo Martínez, ministro de la Producción, Comercio e Industria; Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Pedro Prodromos, ministro de Seguridad; Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería; Elizabeth Villarroel, presidenta del Consejo Provincial de Educación; y Cecilia Borselli, secretaría General de la Gobernación.
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