El Poder Ejecutivo de Santa Cruz envió a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado provincial hasta diciembre de 2026. La iniciativa propone medidas para reordenar el gasto público, limitar aumentos salariales sin respaldo presupuestario, suspender ingresos de personal y crear un régimen de pasividad anticipada voluntaria para empleados estatales próximos a jubilarse.
El diputado Javier Jara, a cargo del Ejecutivo, presentó un proyecto de ley de emergencia económica. La iniciativa legislativa ingresó esta tarde en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, y es similar al borrador que se había filtrado semanas atrás, que no tenía firma, y que publicó El Diario Nuevo Día.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la provincia atraviesa una situación de fragilidad fiscal, marcada por un gasto público corriente elevado y con poca capacidad de ajuste.
CÁMARA DE DIPUTADOS
Ley de emergencia económica de Santa Cruz: qué es la pasividad anticipada voluntaria, Según se explica en el documento enviado a la Legislatura, gran parte del presupuesto provincial se destina al pago de salarios y prestaciones previsionales, lo que genera una estructura de gasto rígida que dificulta la planificación financiera del Estado.
"La Provincia atraviesa una situación de extrema fragilidad fiscal. El nivel de gasto público corriente presenta una rigidez estructural que no guarda relación con la evolución real de los recursos", señala el texto.
El documento agrega que el problema no responde a una coyuntura puntual, sino a una acumulación de decisiones tomadas durante años, que generaron compromisos permanentes sin un respaldo financiero sostenible.
En ese contexto, el Gobierno considera necesario implementar medidas que permitan ordenar las finanzas públicas y garantizar la continuidad de servicios esenciales, como salud, educación y seguridad.
Declaración de emergencia económica y facultades del Ejecutivo
El Capítulo I del proyecto establece la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa para todo el sector público provincial, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas o sociedades con participación estatal.
La emergencia tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo quedaría facultado para extenderla por hasta doce meses adicionales mediante un acto administrativo fundado.
Entre las facultades que se otorgan al Ejecutivo durante este período se encuentran:
Reestructurar el gasto público.
Revisar estructuras administrativas y cargos.
Analizar regímenes de adicionales salariales y compensaciones.
Optimizar el uso de recursos humanos dentro del Estado.
Revisar contratos, convenios y subsidios financiados por el Tesoro provincial.
Además, se creará una comisión de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes de cada bloque legislativo y un representante del Poder Ejecutivo, que tendrá como objetivo monitorear la aplicación de las medidas y garantizar la transparencia del proceso.
Restricciones a aumentos salariales y negociaciones paritarias
Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado con la política salarial del sector público.
La iniciativa establece que durante la vigencia de la emergencia no podrán aplicarse incrementos automáticos, cláusulas de indexación ni mejoras salariales si no existen recursos financieros disponibles para financiarlos.
Esto implica que cualquier acuerdo salarial deberá contar previamente con una certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.
El proyecto también instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a garantizar que todos los acuerdos surgidos de negociaciones colectivas respeten esta condición.
De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta medida es evitar compromisos financieros que luego el Estado no pueda cumplir.
"Esta previsión no desconoce la importancia del salario público ni el valor del trabajo estatal; por el contrario, procura preservar su cumplimiento efectivo en el tiempo", se explica en los fundamentos.
Suspensión de ingresos al Estado y priorización del gasto
Otra de las medidas incluidas en el proyecto es la suspensión del ingreso de personal al Estado provincial.
La norma establece que no podrán realizarse nuevas incorporaciones, salvo en casos excepcionales debidamente justificados o en áreas críticas.
Entre las excepciones previstas se encuentran:
Incorporación de profesionales de la salud.
Cobertura de vacantes consideradas indispensables.
Autorizaciones especiales otorgadas por el titular del Poder Ejecutivo.
Además, los organismos administrativos de Salud, Educación y Seguridad deberán elaborar en un plazo de 30 días un Plan de Priorización de Gastos y Compras.
Este plan clasificará las erogaciones en tres categorías:
Críticos o vitales: gastos indispensables para la vida, la seguridad o el dictado de clases.
Operativos necesarios: gastos de mantenimiento y funcionamiento regular.
Diferibles: gastos que pueden postergarse sin afectar servicios esenciales.
La intención es ordenar el gasto público bajo criterios de eficiencia y racionalidad, priorizando las áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
Creación del régimen de pasividad anticipada voluntaria
El Capítulo II del proyecto introduce el Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria.
Este sistema permitirá que empleados públicos que estén cerca de cumplir los requisitos para jubilarse puedan dejar de prestar servicios efectivos, aunque mantendrán su condición de agentes activos del Estado.
El beneficio está dirigido a trabajadores que se encuentren a un máximo de cinco años de alcanzar la jubilación ordinaria prevista por la Ley N.º 1782.
Durante ese período, el trabajador percibirá un porcentaje de su salario según el tiempo restante para jubilarse:
75% del haber si resta hasta 1 año.
70% si faltan hasta 2 años.
65% si faltan hasta 3 años.
60% si faltan hasta 4 años.
55% si faltan hasta 5 años.
El régimen no constituye una jubilación anticipada ni modifica el sistema previsional vigente, sino que se presenta como un mecanismo de transición hacia el retiro definitivo.
Además, durante ese tiempo el Estado continuará realizando aportes y contribuciones previsionales completos a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz y a la Caja de Servicios Sociales.
Quiénes podrán acceder y quiénes quedan excluidos
El régimen estará destinado exclusivamente a empleados de la administración central del Poder Ejecutivo y entidades centralizadas.
Quedarán excluidos:
Personal docente.
Policías y personal penitenciario.
Profesionales de la salud.
Agentes con procesos judiciales o sumarios administrativos.
Trabajadores con deudas de aportes previsionales.
Además, aunque el acogimiento será voluntario para el trabajador, su aprobación quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo, que evaluará cada caso según las necesidades de servicio.
El agente que ingrese al régimen permanecerá en disponibilidad permanente, por lo que podrá ser convocado a retomar funciones si la administración lo considera necesario.
Debate legislativo por delante
El proyecto también incluye disposiciones finales que establecen que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, en caso de ser aprobada.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido en la Legislatura provincial, donde será analizada por los distintos bloques políticos antes de su eventual aprobación.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo de la norma es reorganizar las finanzas públicas y garantizar la sustentabilidad del Estado provincial, en un contexto de restricciones fiscales.
"Este proyecto no desconoce derechos; procura garantizar que puedan seguir siendo cumplidos en el tiempo", concluye el documento.
