El reciente comunicado del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional y las declaraciones del gobernador Claudio Vidal no son hechos aislados ni expresiones circunstanciales: forman parte de una misma orientación política respecto de la educación pública y del rol de las y los docentes, para deslegitimar sus reclamos, responsabilizarlos por la crisis educativa y presentar a quienes luchan por sus derechos como un problema, cuando en realidad son quienes sostienen la Educación y la escuela pública todos los días.
El Gobierno provincial con Claudio Vidal otorga un “incentivo docente”, que es el comienzo de un presentismo encubierto; y el Gobierno Nacional con Javier Milei, inspecciona, controla.
En Santa Cruz conocemos muy bien las consecuencias de esas políticas. Salarios que continúan por debajo de las necesidades de las familias trabajadoras, escuelas con graves problemas de infraestructura, falta de inversión y una permanente estrategia de confrontación con la docencia, en lugar de construir respuestas que fortalezcan el sistema educativo.
Pero esta realidad no termina en los límites de nuestra provincia. La situación que atraviesa la docencia santacruceña es parte de un escenario nacional de desfinanciamiento de la educación pública.
El Gobierno Nacional profundizó ese camino al eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recortando una parte histórica del salario docente y retirando recursos fundamentales para el sostenimiento del sistema educativo.
Recuperar el FONID es una necesidad urgente, pero no alcanza.
También es imprescindible que el Estado nacional vuelva a asumir plenamente su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública, transfiriendo los recursos necesarios a las provincias para garantizar salarios dignos, infraestructura escolar adecuada y mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. La educación argentina no puede depender exclusivamente de las posibilidades económicas de cada provincia.
Del mismo modo, el Gobierno Provincial debe asumir plenamente su responsabilidad. No puede utilizar la falta de recursos nacionales como excusa para mantener salarios por debajo de la línea de pobreza ni para postergar soluciones a los problemas que atraviesan nuestras escuelas.
Gobernar implica defender la Educación pública con decisiones concretas y no con discursos que buscan enfrentar a la sociedad con quienes todos los días enseñan en las aulas.
Cada vez que se intenta disciplinar a la docencia, limitar el derecho a reclamar o desacreditar la organización sindical, no solo se atacan los derechos de las y los trabajadores de la educación, también se debilita la escuela pública.
La solución no es enfrentar a las y los docentes ni por profundizar el ajuste, es todo lo contrario, una mayor inversión educativa, salarios dignos, escuelas en condiciones, el fortalecimiento del financiamiento nacional y provincial y un verdadero compromiso político con la educación pública.
Hoy más que nunca es necesario fortalecer la unidad de la docencia.
Convocamos a las y los trabajadores de la educación de Santa Cruz a unir sus reclamos con los de la docencia de todo el país, porque los problemas que enfrentamos son comunes y también debe ser común la respuesta. Solo con una organización amplia, solidaria y federal podremos defender la educación pública, recuperar nuestros derechos y construir un sistema educativo con el financiamiento, el reconocimiento y la dignidad que nuestras comunidades merecen.
