Denuncia penal contra Leguizamón en el manejo de fondos públicos

Por la Opinión Austral 

La vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas, Karina Saúl, denunció penalmente al vicegobernador Fabián Leguizamón, por haber incurrido -según el análisis hecho por la funcionaria a partir de dos auditorías- en graves faltas administrativas con un supuesto perjuicio económico millonario para el Estado. La denuncia, que fue radicada el pasado 29 de abril en la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos, habla del uso indebido del Fondo Rotatorio, el alquiler de inmuebles que estarían a nombre del propio vicegobernador, aportes económicos a fundaciones, gastos en publicidad a medios sin la debida certificación, y hasta el regalo de una campera al gobernador.

Según las estimaciones de la vocal por la Minoría Política, habiendo realizado una suma del supuesto daño efectivamente realizado y no justificado, el mismo habría sido calcularon en más de $56.000.000. La denuncia apunta a la supuesta malversación de fondos y administración fraudulenta, entre otras figuras penales. Cabe destacar que en la denuncia, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se aclara que desde el Tribunal de Cuentas se le fue pidiendo información a las autoridades de la Cámara de Diputados pero que la misma fue enviada, en algunos puntos, de manera parcial o insuficiente. “Los responsables no remitieron la documentación solicitada“, se indicó en un pasaje de la denuncia penal.

Los detalles
En función del plan de auditorías del Tribunal de Cuentas, en el mes de mayo de 2024 se llevó adelante la “primera etapa” de las mismas, en la Cámara de Diputados de la Provincia, con el período a auditar desde el 1 de enero al 30 de abril de 2024 (4 meses).

Habiendo culminado esa tarea, – año  2024- se emitió el Informe de Auditoría Presencial que dio cuenta de supuestas irregularidades en los sistemas de contratación. Asimismo, se habrían detectaron desvíos de fondos también en el uso de los fondos rotatorios, fondo rotatorio especial (FRE), en los instrumentos legales relacionados a las designaciones, incumplimiento del Decreto N° 1389/22, etc. En el informe final las Auditoras se habrían calculado un daño al erario público en la suma de $15.226.785,26.

 La denuncia penal contra Leguizamón.

En las supuestas irregularidades en los fondos rotatorios, se detectó que los mismos fueron rendidos con tachaduras, agregados y enmiendas en los expedientes, se constató que no obraban en los expedientes notas del área solicitante del gasto; que las facturas tienen fecha anterior a los trámites administrativos y existirían compras que no son de urgencia, las cuales podrían llevarse a cabo mediante otra modalidad de contratación. Aparece allí también un monto destinado al pago de la reserva de alquiler para una futura Fundación, entre otras observaciones.  También se detectaron e informaron supuestas irregularidades en las facturas de compra de combustible, en concepto de rendiciones de alojamiento, pasajes y viáticos, que no habrían podido justificar.

En la “segunda etapa” se procedió a analizar desde el 1° de mayo al 31 de agosto de 2024, también con técnicas de muestreo. Se volvieron a encontrar irregularidades con los Vales de Combustibles. Un servicio de fumigación en un hogar particular. Y hasta un “Regalo Protocolar“, al Gobernador de la Provincia por su cumpleaños por la suma de pesos $368.900.

 Karina Saúl, vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas, autora de la denuncia.
Con fecha 7 de Noviembre de 2024, la conclusión de las auditorías es de una supuesta gran cantidad de irregularidades, desvíos y usos de fondos contra la legislación vigente, por ejemplo: en cuatro meses la Cámara de diputados habría gastado $34.880.000, entre otras cosas, en publicidad. Finalmente, habiendo realizado una suma del supuesto daño efectivamente realizado y no justificado, las auditoras lo calcularon en más de $56.000.000.

Ante esto, se solicitó la presunta conducta en cada grado de responsabilidad del vicegobernador Fabián Leguizamón y los siguientes funcionarios actuantes: Natalia Romina Vargas (Directora de Administración); Cristina Beatriz Díaz (Sub Directora de Presupuesto); Gabriela Lorena Córdoba (Subdirectora de Tesorería);  María Belén Fernández Soria (Prosecretaria de la Dirección de Administración); y Carla Belén Cárdenas (Subdirectora de Contaduría).

Al vicegobernador se le endilga la posible comisión de los delitos de Fraude a la Administración Pública (Art. 174 inc. 5 del C.P.), Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 del C.P.), Malversación de Caudales Públicos (Art. 260 del C.P.) y Adulteración de Documento Público (Art. 292 del C.P.).