


Diputados dio media sanción al aumento de las jubilaciones, a la moratoria y la emergencia en discapacidad
El Que Calla Otorga


Por Página 12


Tras meses de movilizaciones que una y otra vez terminaron en represión, gases y palos orquestados por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, el Congreso comenzó a dar una respuesta legislativa al reclamo de los jubilados. La Cámara de Diputados aprobó un aumento del 7,2% a las jubilaciones y una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La votación fue contundente: 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. Todo el paquete fue girado al Senado. Es el segundo intento del Congreso por mejorar los ingresos de los jubilados, tras el veto presidencial del año pasado, respaldado por los 87 diputados que Javier Milei bautizó como el “tercio de hierro” y agasajó con un asado en Olivos. Esta vez, el oficialismo no logró bloquear la sesión y debió ceder el control del recinto para enfrentar un debate que incomoda los números del Excel libertario. Al cierre de esta edición, Diputados se aprestaba a darle media sanción también al proyecto de emergencia en materia de discapacidad, un reclamo que también tuvo respaldo callejero.
Afuera, desde temprano, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso. Personas con discapacidad, jubilados, familiares, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas confluyeron con demandas diversas, atravesadas por una urgencia común: sobrevivir en tiempos de motosierra. Sabiendo el resultado, Milei pidió en Twitter que "el Senado no apruebe esta demagogia populista".
La sesión comenzó a las 12.30 con 131 diputados presentes. Pese a las presiones de la Casa Rosada, el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora no se plegaron al boicot. Esta vez no hubo protocolo antipiquetes ni represión, pero sí un despliegue policial que blindó la Plaza del Congreso. El quórum que permitió iniciar la sesión fue aportado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, tres legisladores de la UCR —Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas—, el titular del monobloque Mario Barletta, Lourdes Arrieta y Sergio Acevedo. Unión por la Patria logró sentar a 95 de sus 98 diputados. Algunos gobernadores, sin embargo, volvieron a alinear a sus legisladores con el oficialismo: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) forzó dos ausencias; Leandro Zdero (Chaco) y Raúl Jalil (Catamarca), una cada uno. Pero esta vez la maniobra no alcanzó.
Jubilaciones y moratoria
Recién dos horas y media después del inicio, la Cámara comenzó a debatir el paquete previsional. La diputada Victoria Tolosa Paz, como miembro informante, abrió el tratamiento detallando las propuestas que habían logrado consenso entre los 14 proyectos presentados: la suba del 7,2% y la actualización del bono a $110.000. Unión por la Patria también impulsaba la prórroga de la moratoria previsional por dos años. Tenía un plan B en caso de derrota: acompañar la propuesta de Nicolás Massot, que planteaba crear un Programa de Prestación Proporcional a la Vejez para reconocer aportes parciales. No fue necesario. Las abstenciones de Encuentro Federal y Democracia Para Siempre achicaron el número de votos negativos y habilitaron la sanción del dictamen de minoría. “Pichetto se fue furioso”, deslizó una fuente parlamentaria. Durante el debate, el rionegrino había pedido “jerarquizar el debate” y cuestionó las “malas palabras” en el recinto. Uno de los legisladores que ayudó con su abstención se justificó ante este diario: “No tenía sentido ponerse en contra de los jubilados por algo que igual se va a vetar”.
Tras la votación, varios diputados coincidieron en que será más difícil para el Ejecutivo volver a vetar una mejora para los jubilados en plena campaña. Por eso se espera que el Senado acelere el tratamiento para completar la sanción. “La calle nos lo exige, y no hay patria pegándole a los jubilados; hay patria poniéndoles en el bolsillo lo que ustedes les sacaron”, sostuvo Tolosa Paz, mientras afuera las columnas rodeaban el Congreso, acompañadas por organizaciones de mujeres que postergaron un día la marcha de Ni Una Menos para sumarse a la jornada.
Con el quórum consolidado, el Ejecutivo hizo su jugada: a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno vetará las iniciativas. “Son temas que sensibilizan a la sociedad, pero son dos temas que el Estado no puede pagar, salvo que volvamos a endeudarnos. Eso no va a pasar. Si hay leyes que tienen impacto fiscal, el Gobierno las va a vetar”, afirmó en un almuerzo con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
La réplica no tardó en llegar. Carlos Heller respondió desde el recinto: “Si la va a vetar, que asuma el costo político. Y que los ciudadanos, en octubre, decidan si quieren un Parlamento que limite al presidente y le impida vetar leyes que defienden los intereses de la mayoría”. Nicolás Massot también rechazó el ultimátum fiscal: “No todo es vetable. La intención de nuestro bloque, y de muchos que estamos impulsando esto, no es complicar al Gobierno, sino dar una respuesta justa y posible”.
Miguel Ángel Pichetto, por su parte, advirtió que el Ejecutivo debería empezar a tomar nota del malestar social. “Sería bueno que reflexionara”, sostuvo. “Hay una realidad que empieza a demandar respuestas que ya no alcanzan con la contención de la inflación”, agregó. Para Pichetto, el oficialismo insiste con una lógica sin salida: “Se aprueba una ley, se veta, se vuelve a empezar. Cuidado con creer que con la macro alcanza para ganar una elección” sentenció.
Gisela Marziotta, que asistió a la sesión en pleno posoperatorio de una hernia de disco para garantizar el quórum, no dejó lugar a matices: “La verdad es que odian a los jubilados, odian a los estudiantes de las universidades nacionales, odian a los médicos de los hospitales públicos. El verdadero programa político de Javier Milei es ese: el odio como política”.
Brouwer de Koning —presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, ausente en el quórum— defendió el proyecto de su bloque:“Buscamos reconocer a quienes han aportado toda su vida y no llegan a los 30 años requeridos para jubilarse”. Luego apuntó contra las moratorias anteriores: “El kirchnerismo convirtió en norma lo que debería haber sido una excepción, y eso generó un déficit estructural en el sistema”.
La sesión contó, además, con una presencia cargada de simbolismo. En uno de los palcos, el exdiputado socialista Jorge Rivas —cuadripléjico desde 2007— siguió el debate. Rivas, que fue legislador entre 1997 y 2015 y vicejefe de Gabinete de Néstor Kirchner, se comunica a través de una computadora. Su presencia sintetizaba el espíritu de la jornada: derechos conquistados que hoy vuelven a estar en disputa.
Discapacidad
Al cierre de esta edición, la Cámara baja se encaminaba a aprobar la emergencia en discapacidad, las asistencias por el temporal en la provincia de Buenos Aires. "La ley de Emergencia en Discapacidad tiene humanidad y racionalidad económica. Tiene que ser votada porque es de pura justicia", dijo su autor, Daniel Arroyo. "Nos concentramos en la emergencia porque hay una catástrofe en el sistema. Pero sabemos que nuestra democracia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad y sus familias"."El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad y sus familias. No puede lastimarlas y generarles más dolor", agregó.




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El Gobierno de Santa Cruz presentó la ley de emergencia económica: claves del proyecto
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz envió a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado provincial hasta diciembre de 2026. La iniciativa propone medidas para reordenar el gasto público, limitar aumentos salariales sin respaldo presupuestario, suspender ingresos de personal y crear un régimen de pasividad anticipada voluntaria para empleados estatales próximos a jubilarse.
El diputado Javier Jara, a cargo del Ejecutivo, presentó un proyecto de ley de emergencia económica. La iniciativa legislativa ingresó esta tarde en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, y es similar al borrador que se había filtrado semanas atrás, que no tenía firma, y que publicó El Diario Nuevo Día.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la provincia atraviesa una situación de fragilidad fiscal, marcada por un gasto público corriente elevado y con poca capacidad de ajuste.
CÁMARA DE DIPUTADOS
Ley de emergencia económica de Santa Cruz: qué es la pasividad anticipada voluntaria, Según se explica en el documento enviado a la Legislatura, gran parte del presupuesto provincial se destina al pago de salarios y prestaciones previsionales, lo que genera una estructura de gasto rígida que dificulta la planificación financiera del Estado.
El documento agrega que el problema no responde a una coyuntura puntual, sino a una acumulación de decisiones tomadas durante años, que generaron compromisos permanentes sin un respaldo financiero sostenible.
El Capítulo I del proyecto establece la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa para todo el sector público provincial, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas o sociedades con participación estatal.
Revisar estructuras administrativas y cargos.
Analizar regímenes de adicionales salariales y compensaciones.
Optimizar el uso de recursos humanos dentro del Estado.
Revisar contratos, convenios y subsidios financiados por el Tesoro provincial.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado con la política salarial del sector público.
Suspensión de ingresos al Estado y priorización del gasto
Otra de las medidas incluidas en el proyecto es la suspensión del ingreso de personal al Estado provincial.
Cobertura de vacantes consideradas indispensables.
Autorizaciones especiales otorgadas por el titular del Poder Ejecutivo.
Operativos necesarios: gastos de mantenimiento y funcionamiento regular.
Diferibles: gastos que pueden postergarse sin afectar servicios esenciales.
La intención es ordenar el gasto público bajo criterios de eficiencia y racionalidad, priorizando las áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
Creación del régimen de pasividad anticipada voluntaria
El Capítulo II del proyecto introduce el Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria.
75% del haber si resta hasta 1 año.
70% si faltan hasta 2 años.
65% si faltan hasta 3 años.
60% si faltan hasta 4 años.
55% si faltan hasta 5 años.
El régimen no constituye una jubilación anticipada ni modifica el sistema previsional vigente, sino que se presenta como un mecanismo de transición hacia el retiro definitivo.
Policías y personal penitenciario.
Profesionales de la salud.
Agentes con procesos judiciales o sumarios administrativos.
Trabajadores con deudas de aportes previsionales.
Además, aunque el acogimiento será voluntario para el trabajador, su aprobación quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo, que evaluará cada caso según las necesidades de servicio.
El proyecto también incluye disposiciones finales que establecen que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, en caso de ser aprobada.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo de la norma es reorganizar las finanzas públicas y garantizar la sustentabilidad del Estado provincial, en un contexto de restricciones fiscales.

Jairo Guzmán y la Casta: Una inexplicable fortuna personal y el abandono a jubilados de la Cuenca
En Santa Cruz se repiten historias similares. Jairo Guzmán posee una fortuna personal que asciende a $1.800.000.000 (mil ochocientos millones de pesos). En paralelo, jubilados de la Cuenca Carbonífera denuncian que deben pagar el 100% de sus medicamentos, ya que el PAMI no se hace cargo y tampoco cuentan con la atención médica necesaria.
Jubilados de Río Turbio y 28 de Noviembre aseguran que el máximo referente de La Libertad Avanza en Santa Cruzno atiende las problemáticas oportunamente planteadas y los dejó librados a su suerte. Entre las demandas más urgentes figuran las derivaciones médicas, la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de profesionales en la Cuenca Carbonífera.
Tras meses de reclamos sin respuestas, un grupo de jubilados —acompañados por ocho concejales de Río Turbio y 28 de Noviembre— mantuvo una serie de reuniones en la capital provincial con el objetivo de destrabar el conflicto. Si bien hubo algunos avances, las respuestas no llegaron desde La Libertad Avanza.
“El PAMI, hoy manejado por La Libertad Avanza en Santa Cruz, no está brindando cobertura en medicamentos”, señaló el jubilado de YCRT Juan Pablo Neto.
El referente explicó que los afiliados quedaron atrapados en un cruce de acusaciones entre la obra social y los prestadores farmacéuticos. “El PAMI dice que está cumpliendo y que quien no cumple es la farmacia. Nosotros incluso enviamos carta documento a la farmacia, pero la realidad es que cuando vamos a retirar los remedios no los tenemos”, explicó.
“Esta situación nos obliga a pagar el 100% de los medicamentos, algo que es muy doloroso porque muchos compañeros tienen problemas de salud en varias especialidades”, agregó.
Otro punto crítico son los montos que el PAMI otorga a quienes deben trasladarse a Río Gallegos o El Calafate para recibir atención médica. La brecha entre el subsidio y el costo de vida en la provincia vuelve prácticamente inaccesibles los tratamientos.
“El tema de las derivaciones es un infierno. Te dan 46.000 pesos, cuando un hotel no baja de 50.000, una comida cuesta entre 25.000 y 30.000, y a eso hay que sumarle la movilidad. Hoy estamos viendo compañeros que gastan 120.000 pesos o más en cada derivación”, denunciaron.
Durante la jornada, los jubilados también cuestionaron la falta de respuestas por parte de las autoridades locales del PAMI. Señalan que el piso de viáticos está congelado desde 2016.
“Jairo no hizo nada. Dijo que se iba a reunir con representantes de las provincias patagónicas para elevar el piso porque con 40.000 pesos no alcanza para nada, pero hasta ahora no hubo absolutamente ninguna respuesta”, reclamaron.
Finalmente, advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento de tarifas. “Venimos de estafa en estafa. En este tiempo perdimos el 70% de nuestro poder adquisitivo. Hoy un jubilado de la zona de Turbio cobra cerca de 300.000 pesos, cuando la mínima debería rondar los 700.000 pesos para cubrir lo básico”, señalaron.
Mientras Jairo Guzmán pasó de vendedor ambulante a acumular una fortuna de $1.800 millones sin poder explicar razonablemente su origen, y el gobernador Claudio Vidal se pasea por Nueva York junto al presidente Javier Milei, Manuel Adorni y su esposa, los trabajadores y jubilados siguen reclamando que este proyecto político deje de hipotecar sus vidas.
Para ellos, la situación es clara: mientras algunos acumulan poder y dinero, los jubilados quedan cada vez más solos.

Kicillof llegará a Tierra del Fuego por el acto de Malvinas y buscará fortalecer su armado político nacional

Santa Cruz abrió la licitación para garantizar medicamentos en todos los hospitales provinciales
El Gobierno de Santa Cruz llevó adelante hoy la apertura de sobre N°1, de la Licitación Pública 002/MSYA/2026, para la adquisición de medicamentos destinados a los hospitales de toda la provincia, una medida que busca garantizar el abastecimiento del sistema de salud, y mejorar la logística de distribución en cada localidad.
El acto se realizó en el Auditorio del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), y contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen; junto a las ministras: Lorena Ross (Salud y Ambiente), Soledad Boggio (Secretaría General de la Gobernación), Belén Elmiger (Gobierno), Ezequiel Verbes (Economía), y Sebastián Georgion (a cargo del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración), entre otras autoridades.


El Municipio renovó el convenio con el jardín Xoshen Aike para el uso del natatorio municipal
Autoridades de la Municipalidad de Río Gallegos visitaron este martes por la tarde el jardín Xoshen Aike (Mariano Moreno 963) en el marco de la renovación de un convenio de prestación de servicios que permitirá a niños y niñas acceder a actividades en el natatorio municipal.

Grasso firmó convenios con organizaciones e instituciones para promover la inclusión deportiva
También se acordó el acceso al Natatorio Municipal Celina “Chela” Gay de instituciones con un fuerte rol social y deportivo, como el Hogar Ohana y el Maca Tobiano Rugby Club. De esta forma, el intendente garantiza que tanto las personas vinculadas a hogares de cuidado como los deportistas de clubes locales cuenten con espacios de excelencia para su desarrollo integral.

Firma de la adenda por deuda del Gobierno Provincial con City Bus

