La Secretaría de Gobierno inició una ronda de conversaciones con el sector para modificar la ordenanza que regula el servicio. El objetivo es aliviar exigencias que hoy impactan sobre los trabajadores del volante y, al mismo tiempo, modernizar un sistema que debe seguir garantizando seguridad y calidad para los pasajeros.
La Municipalidad de Río Gallegos abrió una nueva instancia de diálogo con el sector de taxis y remises para avanzar en una actualización de la normativa que regula la actividad en la ciudad. La ronda de conversaciones fue iniciada la semana pasada por la Secretaría de Gobierno, por decisión del intendente Pablo Grasso, y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Robles, y del director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz.
La discusión parte de una realidad que ya no puede ser ignorada. El transporte de pasajeros cambió, cambiaron los hábitos de los usuarios, aumentaron los costos de sostener un vehículo habilitado y las plataformas digitales introdujeron una nueva modalidad de contratación que modificó la competencia. En Río Gallegos, durante 2025, taxistas y remiseros plantearon públicamente una caída de la actividad y reclamaron respuestas frente al crecimiento de Uber y otros servicios informales.
“No queremos bajar la vara porque Río Gallegos es la capital de Santa Cruz. Lo que queremos es revisar reglas que fueron pensadas para otra realidad y que hoy pueden convertirse en un obstáculo para quienes cumplen con la normativa. Modernizar no es desregular: es hacer que las reglas tengan sentido en la ciudad que tenemos hoy”, planteó la secretaria de Gobierno, Sara Delgado.
La discusión sobre las plataformas forma parte de este nuevo escenario. El Municipio no está a favor de Uber ni de la expansión del transporte informal, pero reconoce una realidad que excede a una ordenanza municipal: la economía de plataformas ya forma parte de los hábitos de consumo y no se resuelve simplemente desconectando una aplicación.
Por eso, la decisión del Ejecutivo municipal es fortalecer aquello que sí puede garantizar, que es un sistema de transporte legal, identificado, controlado y con responsabilidades concretas frente al pasajero.
En este sentido, Paulo Ortiz manifestó que “nosotros defendemos al transporte legal porque atrás de cada viaje hay una persona. Y si ocurre un siniestro con pasajeros arriba, tiene que haber un responsable, un seguro y un Estado que pueda intervenir. Los pasajeros son nuestros vecinos y nuestras vecinas”.
Qué se está discutiendo
La modificación propuesta alcanza a la Ordenanza Municipal N.º 5.838/06, que establece el Régimen, Funcionamiento y Control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Entre los puntos que están siendo analizados junto al sector se encuentran:
Los tipos de vehículos que pueden afectarse al servicio, particularmente las exigencias vinculadas con cilindrada y capacidad del baúl.
El color de los vehículos, revisando una exigencia estética que puede actualizarse sin afectar la identificación y seguridad del servicio.
La vida útil de las unidades, para adecuar la normativa a la realidad económica y al mercado automotor actual.
La transición del sistema de paradas exclusivas hacia un esquema de paradas libres, buscando mayor flexibilidad para la prestación del servicio.
Para Delgado “la discusión no se limita a quitar requisitos sino a preguntarnos qué controles siguen siendo indispensables, cuáles pueden modernizarse y cuáles quedaron atados a una forma de prestar el servicio que ya cambió, pero es algo que estamos construyendo junto a los trabajadores”.
El Municipio ya dio muestras de que el camino elegido es el acompañamiento al sector. En abril de 2025, después de las protestas de taxistas y remiseros, el Ejecutivo acordó bonificar la inspección anual adeudada por más de 200 unidades y abrió una instancia de diálogo con los trabajadores.
La misma lógica aparece en la política de transporte urbano. Mientras el contexto nacional puso en crisis el financiamiento del transporte público y varias ciudades redujeron servicios, Río Gallegos amplió recorridos y sumó usuarios: el Municipio informó que más de 5.000 familias se incorporaron al transporte público durante 2024 y que la ciudad superaba los 13.000 boletos diarios.
La intención con taxistas y remiseros es que de esas conversaciones surja una propuesta concreta para elevar al Concejo Deliberante, con menos cargas innecesarias, reglas más actuales y un sistema que pueda competir desde la legalidad, sin resignar los estándares que protegen a quienes viajan.
