FUENTE TIEMPO SUR
A pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez ordenó más de veinte allanamientos, Múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investiga la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas, por un lado, al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
En una de las causas, se investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.
Según el comunicado que difundió la Unidad Fiscal Río Gallegos, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez (actualmente detenido) que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él. Uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
A su vez, y como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez (actualmente detenido) que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él. Uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
Como resultado de los operativos realizados desde el lunes 9 de noviembre y que continúan este martes, se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés.
Además, se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, en línea con lo que habían requerido los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco. Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
