


Finalmente, el Gobierno logró la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y Milei inicia una nueva etapa de gestión
El Que Calla Otorga


Fuente: Infobae
Justo 200 días después de asumir la Presidencia, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. El ambicioso proyecto “ómnibus” había entrado en la Cámara de Diputados en enero y durante seis meses sufrió innumerables recortes y modificaciones que permitieron al oficialismo alcanzar un consenso mínimo con los bloques de la oposición “dialoguistas”. A pesar de todo, el primer éxito legislativo del oficialismo finalmente incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.
“No es la ley que quería el Gobierno, pero es la ley posible”, resumió un diputado del radicalismo. El análisis era compartido -casi con las mismas palabras- por varios integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. Finalmente, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.


Si bien desde hace algunos días ya se descontaba que el oficialismo y los dialoguistas tenían los votos suficientes para ratificar la Ley Bases -con las modificaciones que se hicieron en el Senado- y para insistir con la redacción original de Ganancias y Bienes Personales, la votación podía esconder algunas sorpresas. Por eso el foco estuvo puesto especialmente en las posibles fugas del peronismo y en algunas defecciones del radicalismo.
La sesión comenzó con varias cuestiones de privilegio que en su mayoría apuntaron contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el accionar de la policía durante la jornada donde el Senado aprobó la norma. En simultáneo, los encuentros y las reuniones en el bajo recinto y en los despachos se fueron sucediendo para tratar de cambiar alguna voluntad a último momento.

Tal como ocurrió en los debates anteriores (es la tercera vez que estas leyes pasan por Diputados), la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siguió el tramo final de la sesión desde la oficina de Martín Menem, junto a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, subió a uno de los palcos para mostrar su apoyo al proyecto oficial. Pasadas las 19.30, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se hizo presente en el Congreso y se sumó a Karina Milei.
La modalidad acordada en la reunión de Labor Parlamentaria determinó que ambos proyectos se discutan en simultáneo. En general, las críticas del peronismo apuntaron contra la constitucionalidad de reponer Ganancias y Bienes Personales -adelantaron que ambos puntos serán judicializados- y sobre los efectos negativos del RIGI y la reforma laboral.
Pasada la 1 de la madrugada, llegó el momento de la votación de la Ley Bases. El formato del dictamen, que constaba de un solo artículo que ratificaba todos los cambios del Senado, fue especialmente problemático para el peronismo porque si había diputados que querían mostrar su apoyo al RIGI también debían votar afirmativamente otros puntos como la reforma laboral o las privatizaciones.
Justamente la presión de las provincias que podrían recibir las grandes inversiones generó fuertes tensiones dentro del bloque. En las reuniones de los días previos muchos diputados no quisieron adelantar cómo votarían. Para Unión por la Patria el principal problema político era no poder mostrar unidad en el bloque ante el proyecto insignia de Milei.

El sanjuanino Walberto Allende dejó en claro las diferencias internas. Tras criticar las facultades delegadas y los efectos de la reforma laboral, hizo una fuerte defensa de la minería y de la necesidad de inversiones. “No podemos acompañar pero sí dejar en claro nuestro fuerte apoyo a la actividad minera en Argentina y en particular en la provincia de San Juan”, dijo.
Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. Esta decisión fue la que le permitió sumar algunos votos extras del radicalismo, como Facundo Manes que había rechazado la ley en general, y encolumnar a gran parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que reclamaba respetar los acuerdos alcanzados en el Senado.
Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.
El resultado final arrojó un holgado resultado favorable, con 147 votos afirmativos contra 107 negativos.




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La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió una parte sustancial de la Reforma Laboral, con 34 artículos que quedaron suspendidos. El fallo, que responde a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), pone en pausa de forma provisoria la aplicación de numerosos tramos de la norma hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debido a indicios de inconstitucionalidad y el riesgo de generar "daños irreparables".
Quiénes entran y quiénes salen de la ley de contrato de trabajo
Art. 1 (Nuevos excluidos): la ley ya no se aplica a empleados públicos, personal doméstico (tienen su propio régimen), trabajadores independientes, repartidores de plataformas ni personal de barcos o presos.
Art. 3 (En caso de duda): establece el principio de la norma más favorable. En caso de duda, prevalecerá la más favorable al trabajador, aplicando el criterio de agrupamiento por instituciones
Art. 6 (Derechos que no se tocan): se mantiene que el trabajador no puede renunciar por su cuenta a los derechos básicos que le dan la ley o su convenio.
Art. 9 (La cuenta de los años): Si un trabajador se va y vuelve con el mismo empleador, su antigüedad anterior no se cuenta si pasaron más de dos (2) años.
Art. 10 (Juicios gratis): el trabajador sigue sin pagar gastos por demandar, y su casa está protegida; pero si el abogado infla el reclamo sin sentido, ahora también es responsable de los costos.
Contratistas, agencias y "changas"
Art. 13 (¿Es empleado o no?): se presume que hay trabajo si hay dependencia. Pero si hay facturas de por medio por servicios profesionales o de oficios, esa presunción ya no corre.
Art. 16 e Intermediarios (Arts. 17, 18 y 19): el jefe es quien registra. Las empresas que usan empleados de agencias temporales o subcontratistas solo responden por el tiempo que el trabajador estuvo con ellas. Si el dueño controla que el contratista pague todo, queda libre de culpas.
Cambios en el día a día y papeles.
Art. 23 (Cambios de tareas): el jefe puede cambiar formas de trabajo siempre que no afecte lo esencial ni le haga perder plata al empleado (se quitó el concepto de "daño moral").
Art. 24 (Límites al jefe): el empleador debe manejarse siempre dentro de lo que dicen la ley y los convenios.
Art. 25 (El certificado de trabajo): la empresa tiene hasta 45 días para darte los papeles de aportes y servicios cuando te vas. Se pueden entregar de forma digital.
Tras su aprobación en el Congreso
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Nuevas formas de contrato
Art. 26 (Derogación): se eliminó un capítulo entero de la ley vieja sobre ciertas modalidades de contrato.
Art. 27 (Medio tiempo): se permite hacer horas extra voluntarias, pero no pueden pasarse del límite legal. El sueldo debe ser proporcional al de jornada completa.
Art. 28 (Contrato con fecha de fin): si te echan antes de tiempo, la indemnización se calcula pensando en lo que hubieras ganado hasta el final del contrato.
Art. 30 (Trabajo en equipo): si un grupo trabaja para un tercero de forma fija, ese tercero es el responsable legal.
El bolsillo: Sueldos, propinas y premios
Art. 31 (Beneficios extra): el comedor, la ropa de trabajo, la guardería o los cursos no son parte del sueldo "en blanco" y no pagan aportes.
Art. 32 (Propinas): no se consideran parte del sueldo bajo ningún concepto.
Art. 33 (Premios por mérito): las empresas pueden dar bonos variables por productividad que no se vuelven obligatorios para siempre.
Art. 34 (Gastos que no son sueldo): no se cuenta como salario el pago de internet, celular para el trabajo, viáticos con ticket o el uso del auto.
Descansos y salud
Art. 41 (Vacaciones): se pueden fraccionar en períodos de al menos 7 días y se pueden tomar fuera del verano si hay acuerdo.
Art. 42 (Banco de horas): se puede acordar compensar horas: trabajás más un día y menos otro, siempre respetando los descansos de 12 horas entre jornadas.
Art. 43 (Promedio de horas): los convenios pueden fijar horarios que se compensen semanalmente.
Art. 44 (Estar enfermo): este artículo sufrió una modificación drástica de contenido. Mientras que en los borradores se proponía usarlo para recortar el sueldo por "actividades riesgosas", el texto final de la ley lo destina únicamente a regular el aviso al empleador: el trabajador debe informar su inasistencia por enfermedad o accidente durante la primera jornada, salvo fuerza mayor.
Indemnización por despidos y fin de la relación
Art. 46 y 47 (Si cambia el dueño): si la empresa se vende, los empleados pasan al nuevo dueño manteniendo su antigüedad.
Art. 48 (El aviso): para echar a alguien, el aviso previo es de 1 mes (si tenés menos de 5 años de antigüedad) o 2 meses (si tenés más).
Art. 50 (Chau de común acuerdo): se puede terminar el contrato yendo a un escribano o al Ministerio. Si pasan dos meses sin que nadie aparezca a trabajar ni reclame nada, se considera terminado.
Art. 51 (La indemnización): sólo cuenta la mejor remuneración "mensual, normal y habitual" que haya sido devengada y pagada. Quedan definitivamente fuera conceptos que no se cobran todos los meses, como el aguinaldo (SAC) y premios anuales
Art. 53 (Si volvés a la misma empresa): si te echan de nuevo, de la indemnización se resta lo que ya te pagaron antes, ajustado por inflación.
Los juicios laborales
Art. 55 (Intereses): los juicios que ya están andando se actualizarán por una tasa del Banco Central (tasa pasiva), con un tope para que no crezcan de forma desmedida.
Art. 56 (Pagar en cuotas): las empresas que pierdan un juicio podrán pagar en cuotas: hasta 6 para las grandes y hasta 12 para las pymes.
Art. 57 (Control fiscal): si un juez ve que un trabajador no estaba registrado, debe avisar sí o sí a la agencia de impuestos (ARCA) para que cobre las multas.


Opiniones cruzadas por la Coparticipación y situación financiera de Santa Cruz
La merma en la recaudación impacta en los envíos automáticos y genera pérdidas millonarias en todo el país. En ese escenario, Santa Cruz no escapa a la tendencia y enfrenta un complejo frente fiscal. Cruce entre el ministro Verbes y la diputada Mora.
La caída de los recursos que Nación transfiere a las provincias dejó de ser un dato aislado para consolidarse como una tendencia durante 2026. Los giros automáticos por coparticipación muestran retrocesos sostenidos, impulsados por una merma en la recaudación tributaria y un contexto económico que aún no logra repuntar.
Prácticamente todas las jurisdicciones registraron caídas reales en los fondos recibidos. Incluso los distritos más grandes, como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, figuran entre los más afectados en términos absolutos. El fenómeno no es focalizado, sino sistémico, lo que vuelve a poner presión sobre los gobernadores, que ya advierten sobre el deterioro de sus ingresos en un contexto de ajuste fiscal.
La reducción de ingresos llega en un momento sensible. Las negociaciones salariales, la demanda de servicios esenciales y la necesidad de sostener la obra pública configuran un escenario de alta presión sobre las cuentas provinciales. En muchas jurisdicciones la coparticipación representa una porción mayoritaria de los ingresos, amplificando el impacto de cualquier variación. Frente a este panorama, algunas provincias evalúan alternativas como el endeudamiento o la reconfiguración del gasto, aunque con márgenes cada vez más acotados.
En medio de este escenario, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, confirmó días atrás a La Opinión Austral que la Nación ya giró un adelanto financiero por $ 100 mil millones para atender desequilibrios de corto plazo. El funcionario explicó que se trata de un mecanismo habitual: “No es un préstamo, es un adelanto de coparticipación” que se utilizará para cubrir déficits transitorios de caja y que será devuelto dentro del mismo ejercicio, en función de la evolución de los ingresos. Además, llevó tranquilidad respecto a los municipios al remarcar que la asistencia no afecta la coparticipación local y subrayó que la provincia mantiene un bajo nivel de endeudamiento.
En paralelo, la diputada provincial Agostina Mora planteó una mirada crítica sobre la administración de los fondos públicos y cuestionó el discurso oficial sobre la falta de recursos. “Nos dicen que no hay plata, pero cuando uno mira los números aparece otra cosa“, sostuvo, al señalar que la provincia mantiene elevados niveles de depósitos a plazo fijo. Según indicó, estos alcanzaron en enero de 2026 los $ 96.596 millones, el valor más alto de la gestión, con incrementos muy por encima de la inflación.
El titular de Economía explicó que esos fondos “no son plata ociosa“, sino que tienen como destino el pago de salarios y jubilaciones, y que su utilización responde a la dinámica propia de la administración pública, donde los ingresos se perciben a lo largo del mes. Además, sostuvo que las colocaciones son de corto plazo y precancelables, por lo que el dinero está disponible cuando lo requiere la Tesorería. También remarcó que esta práctica está contemplada en la normativa vigente y que ha sido utilizada por gestiones anteriores, incluso por espacios políticos que hoy la cuestionan.
La caída de la coparticipación vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento federal. Con menos recursos disponibles y mayores demandas, crece la presión sobre las provincias y se reaviva el reclamo por una distribución más equitativa.

Convocatoria a Asamblea de la Cooperadora del Hospital José Alberto Sánchez
1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2. CONSIDERACION DE MEMORIA Y BALANCE, EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2022-2023, 2023-2024 Y 2024-2025.-
3. RENOVACION COMISION DIRECTIVA.
4. ELECCION DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA.


Ianni presentó un proyecto para solicitar cajeros automáticos en la cuenca carbonífera
Noviembre.
Ianni.
traslada a otras ciudades y eso termina afectando a toda la economía de la
comunidad”, señaló la diputada.
implementado tras el cierre de la sucursal en 28 de Noviembre y qué medidas se prevén para garantizar la inclusión financiera en estas localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
reafirmando su compromiso con la conservación del cóndor y con los esfuerzos destinados a evitar la extinción de la especie.

El Gobierno Provincial inicia la construcción de la primera etapa de 120 nuevas viviendas para familias de Río Gallegos
Se trata de uno de los compromisos anunciados por el gobernador Claudio Vidal. Esta obra que fue licitada el pasado mes de octubre, permitirá concretar el sueño de la vivienda propia y tiene un plan de ejecución de 10 meses.
El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo Latorre, acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, encabezó esta tarde, la puesta en marcha de la obra en las manzanas 1498 y 1505 para dar respuesta al déficit habitacional. Este proyecto del Gobierno de la Provincia, financiado mediante el Fondo UNIRSE, contempla unidades de 50 metros cuadrados con un plazo de ejecución de diez meses.

