Fuente: La Opinión Austral
La merma en la recaudación impacta en los envíos automáticos y genera pérdidas millonarias en todo el país. En ese escenario, Santa Cruz no escapa a la tendencia y enfrenta un complejo frente fiscal. Cruce entre el ministro Verbes y la diputada Mora.
La caída de los recursos que Nación transfiere a las provincias dejó de ser un dato aislado para consolidarse como una tendencia durante 2026. Los giros automáticos por coparticipación muestran retrocesos sostenidos, impulsados por una merma en la recaudación tributaria y un contexto económico que aún no logra repuntar.
Desde comienzos de año, las transferencias vienen en baja. Si bien en marzo la caída se moderó respecto a febrero, la disminución igualmente superó el 11%. Distintos análisis coinciden en que el alivio es apenas relativo: los ingresos crecen por debajo de la inflación, lo que implica una pérdida sostenida de capacidad de financiamiento. El impacto es significativo. En el primer bimestre las provincias perdieron cerca de $ 1 billón en recursos coparticipables.
Detrás de la disminución de fondos aparece un factor central: la baja en la recaudación nacional. La contracción del consumo y la desaceleración económica impactaron en impuestos como el IVA y Ganancias, pilares del sistema de coparticipación. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en marzo los ingresos tributarios alcanzaron los $ 16 billones, con una suba interanual nominal del 26,2%. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la inflación, generando una caída real de entre el 4% y el 4,5%.
Un impacto federal
Prácticamente todas las jurisdicciones registraron caídas reales en los fondos recibidos. Incluso los distritos más grandes, como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, figuran entre los más afectados en términos absolutos. El fenómeno no es focalizado, sino sistémico, lo que vuelve a poner presión sobre los gobernadores, que ya advierten sobre el deterioro de sus ingresos en un contexto de ajuste fiscal.
La reducción de ingresos llega en un momento sensible. Las negociaciones salariales, la demanda de servicios esenciales y la necesidad de sostener la obra pública configuran un escenario de alta presión sobre las cuentas provinciales. En muchas jurisdicciones la coparticipación representa una porción mayoritaria de los ingresos, amplificando el impacto de cualquier variación. Frente a este panorama, algunas provincias evalúan alternativas como el endeudamiento o la reconfiguración del gasto, aunque con márgenes cada vez más acotados.
En este contexto, Santa Cruz no escapa a la lógica general. La provincia también registró una disminución en los recursos provenientes de Nación, en línea con el comportamiento del resto del país. En términos económicos, perdió más de $ 30.000 millones durante el primer trimestre, como consecuencia de la caída del consumo y la actividad. El dato es clave: la merma no responde a una situación particular, sino a un escenario macroeconómico que afecta a todo el esquema federal.
Debate provincial
En medio de este escenario, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, confirmó días atrás a La Opinión Austral que la Nación ya giró un adelanto financiero por $ 100 mil millones para atender desequilibrios de corto plazo. El funcionario explicó que se trata de un mecanismo habitual: “No es un préstamo, es un adelanto de coparticipación” que se utilizará para cubrir déficits transitorios de caja y que será devuelto dentro del mismo ejercicio, en función de la evolución de los ingresos. Además, llevó tranquilidad respecto a los municipios al remarcar que la asistencia no afecta la coparticipación local y subrayó que la provincia mantiene un bajo nivel de endeudamiento.
En paralelo, la diputada provincial Agostina Mora planteó una mirada crítica sobre la administración de los fondos públicos y cuestionó el discurso oficial sobre la falta de recursos. “Nos dicen que no hay plata, pero cuando uno mira los números aparece otra cosa“, sostuvo, al señalar que la provincia mantiene elevados niveles de depósitos a plazo fijo. Según indicó, estos alcanzaron en enero de 2026 los $ 96.596 millones, el valor más alto de la gestión, con incrementos muy por encima de la inflación.
Para la legisladora, “no es falta de plata, es una decisión política” y advirtió que el debate de fondo pasa por el destino de los recursos en un contexto económico complejo. En esa línea, pidió mayor transparencia y sostuvo que los fondos del Estado deberían priorizar el sostenimiento de la economía real por sobre la financiación del sistema financiero.
En respuesta, el ministro Verbes salió al cruce y acusó a la legisladora de difundir “datos falsos” en un contexto delicado para las finanzas provinciales. “Lo que plantea la diputada no sólo es incorrecto desde el punto de vista técnico, sino que contribuye a desinformar“, afirmó, al tiempo que defendió el uso de plazos fijos como una herramienta financiera habitual para preservar el valor de los recursos en un contexto inflacionario.
El titular de Economía explicó que esos fondos “no son plata ociosa“, sino que tienen como destino el pago de salarios y jubilaciones, y que su utilización responde a la dinámica propia de la administración pública, donde los ingresos se perciben a lo largo del mes. Además, sostuvo que las colocaciones son de corto plazo y precancelables, por lo que el dinero está disponible cuando lo requiere la Tesorería. También remarcó que esta práctica está contemplada en la normativa vigente y que ha sido utilizada por gestiones anteriores, incluso por espacios políticos que hoy la cuestionan.
En ese sentido, cuestionó los datos difundidos por Mora y aseguró que corresponden a situaciones transitorias vinculadas a ingresos extraordinarios. Según indicó, esos recursos fueron utilizados para afrontar obligaciones salariales y previsionales. Verbes también contextualizó la discusión en el actual escenario económico: señaló que la provincia enfrenta una masa salarial mensual que supera los $ 130 mil millones, a lo que se suman unos $ 38 mil millones destinados a la seguridad social, en un contexto de caída de ingresos nacionales que ya generó pérdidas cercanas a los $ 30 mil millones.
En ese marco, defendió la decisión de solicitar un adelanto de coparticipación por $ 100 mil millones para afrontar compromisos inmediatos y remarcó que “lejos de sobrar recursos, se está administrando una situación de fuerte restricción financiera“. Finalmente, pidió responsabilidad en el debate público y advirtió sobre el impacto de las declaraciones en un contexto social complejo: “No hay plata escondida ni decisiones especulativas, hay administración responsable en un escenario muy difícil“.
La caída de la coparticipación vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento federal. Con menos recursos disponibles y mayores demandas, crece la presión sobre las provincias y se reaviva el reclamo por una distribución más equitativa.
Mientras tanto, el dato concreto es contundente: la crisis de ingresos ya impacta en todo el país y Santa Cruz forma parte de esa misma realidad, en un escenario donde las tensiones fiscales y políticas tienden a profundizarse.
