Coparticipación

 

 

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, y el secretario General del SOEM Pedro Mansilla, encabezaron este jueves una multitudinaria movilización junto a más de 2000 trabajadores municipales para presentar tres petitorios formales a los poderes del Estado. La medida, que contó con el respaldo de otros jefes comunales y legisladores, busca frenar la amenaza del Gobierno provincial de recortar los fondos coparticipables y garantizar la intangibilidad de los salarios. 

 

La marcha contó con la presencia de los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Darío Menna (Río Turbio), y con el apoyo formal de Zulma Neira (Los Antiguos). También acompañaron la diputada nacional Moira Lanesan, los concejales capitalinos Soledad Kamu, Julio Arabena, y Martín Chávez, los legisladores de Río Turbio Abigail Mazú y Emilio Martínez, y el concejal de 28 de Noviembre Nicolás Chacón, autoridades municipales y referentes sociales.

 

La movilización comenzó en la zona de la costanera y se trasladó hasta las sedes de los distintos poderes del Estado para entregar los documentos en defensa de la autonomía financiera de la capital. En el Tribunal Superior de Justicia se solicitó que se resuelva la cuestión de fondo y se pronuncie sobre inconstitucional de la retención de la coparticipación que afecta la autonomía municipal; en Casa de Gobierno se reclamó que el Ejecutivo no avance sobre los recursos vitales para obras y servicios; y se solicitó a la Cámara de Diputados el cese del descuento del 20% destinado al Fondo de Sustentabilidad de la Caja de Previsión Social (CPS), pidiendo que el Municipio pueda transferir esos recursos de forma directa. 

En Diputados, la nota fue entregada en mano a legisladores que integran el Bloque Unión por la Patria, quienes salieron del edificio (que estaba fuertemente custodiado) para compartir un momento con las autoridades y los trabajadores.

Allí, Grasso tomó la palabra: otorgó un fuerte reconocimiento al personal municipal por su rol diario en el sostenimiento de la ciudad y apuntó duramente contra el ajuste sistemático. "El sueldo de los municipales no lo puede tocar nadie.

Acá hay laburantes de todos los sectores, no hay bandera partidaria: está la bandera de los trabajadores a los que no les alcanza para llegar a fin de mes", sentenció el intendente. 

El jefe comunal advirtió sobre el impacto de la crisis económica nacional y el rol de contención que asumió su gestión frente al retiro de otras esferas gubernamentales. En ese sentido, subrayó que el Municipio se hace cargo de sostener "lo que abandonan Nación y Provincia", incluyendo la atención primaria de salud para los afiliados a la Caja de Servicios Sociales. "En la Legislatura tenemos que discutir la flexibilización de las tarifas exorbitantes, no del laburo, y una redistribución de los ingresos, no el ajuste que planifican", disparó. 

Grasso cuestionó las contradicciones de la dirigencia provincial y defendió la autarquía de Río Gallegos: "Después de instalar que no hay plata, ahora dicen que tenemos. Pagamos los aguinaldos, los sueldos y bancamos todo el funcionamiento sin ayuda de nadie. No pueden ser tan caraduras: si quieren ser intendentes, que se presenten el año que viene y les vamos a ganar". 
Sobre el cierre, el mandatario local interpeló directamente al presidente de la Nación y al gobernador santacruceño. Tras dejar en claro que no permitirán que "le metan la mano en el bolsillo a los laburantes", reiteró la necesidad de construir un Estado dinámico, eficiente y transparente, y dejó la puerta abierta al diálogo: "Queremos consensuar, gobernador. Convóquenos, lo estamos esperando". 

 

El respaldo de los trabajadores 
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Pedro Mansilla, ratificó el contundente acompañamiento del gremio y lanzó una advertencia al Ejecutivo provincial. Tras destacar la "empatía" generada con un intendente "proclive al diálogo", el dirigente sindical exigió resultados a la clase política frente al cierre de comercios y la pérdida de empleo privado. 

"Los trabajadores sabemos cuándo salir a la calle para cuidar nuestro salario y no podemos ser la variable de ajuste. El Gobierno tiene la posibilidad histórica de ponerle un freno a esto antes de que se genere. No nos empujen al conflicto: no se metan con la plata de los trabajadores", concluyó Mansilla.
Luego de los discursos, se realizó la desconcentración pacífica de todos los participantes.

 

 

El Intendente Pablo Grasso se reunió hoy con su gabinete y con las personas que están designadas en cargos de conducción dentro del Municipio. En este encuentro, repasó la situación económica y social y dijo que si el gobierno de Claudio Vidal retiene los fondos de la coparticipación, no podrá pagar salarios.

 

El intendente hizo un repaso por la situación económica y social y puso especial énfasis en el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilita al gobierno provincial a retener fondos coparticipables. Si esto sucede, el Municipio no podrá pagar salarios ya que ese dinero está destinado exclusivamente a sueldos.
Este es un punto clave para Grasso, porque el avance de Vidal sobre los municipios no es contra los dirigentes sino contra la propia gente que cumple funciones todos los días en el ámbito municipal.

Según explicó el intendente, la Provincia ya descuenta un 20% de la coparticipación (por Ingresos Brutos, Sellos, y Juegos de Azar y Rifas), lo que equivale a 931 millones de pesos mensuales. 

Con ese dinero se podría pagar directamente los aportes a la Caja de Previsión Social, pero el gobierno de Claudio Vidal pretende seguir descontando se monto y retener aún más, lo que equivaldría a pagar el doble en aportes.

Por todo ello, Grasso pidió acompañamiento de los cargos de conducción para explicar a la sociedad sobre la real gravedad de la situación y anunció que en las próximas semanas se hará una nueva presentación judicial.

Grasso informó que también organizará encuentros con grupos de agentes municipales, hasta llegar a la totalidad de los trabajadores.

Fuente: La Opinión Austral

La merma en la recaudación impacta en los envíos automáticos y genera pérdidas millonarias en todo el país. En ese escenario, Santa Cruz no escapa a la tendencia y enfrenta un complejo frente fiscal. Cruce entre el ministro Verbes y la diputada Mora.
  
La caída de los recursos que Nación transfiere a las provincias dejó de ser un dato aislado para consolidarse como una tendencia durante 2026. Los giros automáticos por coparticipación muestran retrocesos sostenidos, impulsados por una merma en la recaudación tributaria y un contexto económico que aún no logra repuntar.

 

Desde comienzos de año, las transferencias vienen en baja. Si bien en marzo la caída se moderó respecto a febrero, la disminución igualmente superó el 11%. Distintos análisis coinciden en que el alivio es apenas relativo: los ingresos crecen por debajo de la inflación, lo que implica una pérdida sostenida de capacidad de financiamiento. El impacto es significativo. En el primer bimestre las provincias perdieron cerca de $ 1 billón en recursos coparticipables.

 

Detrás de la disminución de fondos aparece un factor central: la baja en la recaudación nacional. La contracción del consumo y la desaceleración económica impactaron en impuestos como el IVA y Ganancias, pilares del sistema de coparticipación. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en marzo los ingresos tributarios alcanzaron los $ 16 billones, con una suba interanual nominal del 26,2%. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la inflación, generando una caída real de entre el 4% y el 4,5%.

 

Un impacto federal
Prácticamente todas las jurisdicciones registraron caídas reales en los fondos recibidos. Incluso los distritos más grandes, como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, figuran entre los más afectados en términos absolutos. El fenómeno no es focalizado, sino sistémico, lo que vuelve a poner presión sobre los gobernadores, que ya advierten sobre el deterioro de sus ingresos en un contexto de ajuste fiscal.

 
La reducción de ingresos llega en un momento sensible. Las negociaciones salariales, la demanda de servicios esenciales y la necesidad de sostener la obra pública configuran un escenario de alta presión sobre las cuentas provinciales. En muchas jurisdicciones la coparticipación representa una porción mayoritaria de los ingresos, amplificando el impacto de cualquier variación. Frente a este panorama, algunas provincias evalúan alternativas como el endeudamiento o la reconfiguración del gasto, aunque con márgenes cada vez más acotados.

 

En este contexto, Santa Cruz no escapa a la lógica general. La provincia también registró una disminución en los recursos provenientes de Nación, en línea con el comportamiento del resto del país. En términos económicos, perdió más de $ 30.000 millones durante el primer trimestre, como consecuencia de la caída del consumo y la actividad. El dato es clave: la merma no responde a una situación particular, sino a un escenario macroeconómico que afecta a todo el esquema federal.

 

Debate provincial
En medio de este escenario, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, confirmó días atrás a La Opinión Austral que la Nación ya giró un adelanto financiero por $ 100 mil millones para atender desequilibrios de corto plazo. El funcionario explicó que se trata de un mecanismo habitual: “No es un préstamo, es un adelanto de coparticipación” que se utilizará para cubrir déficits transitorios de caja y que será devuelto dentro del mismo ejercicio, en función de la evolución de los ingresos. Además, llevó tranquilidad respecto a los municipios al remarcar que la asistencia no afecta la coparticipación local y subrayó que la provincia mantiene un bajo nivel de endeudamiento.

 
En paralelo, la diputada provincial Agostina Mora planteó una mirada crítica sobre la administración de los fondos públicos y cuestionó el discurso oficial sobre la falta de recursos. “Nos dicen que no hay plata, pero cuando uno mira los números aparece otra cosa“, sostuvo, al señalar que la provincia mantiene elevados niveles de depósitos a plazo fijo. Según indicó, estos alcanzaron en enero de 2026 los $ 96.596 millones, el valor más alto de la gestión, con incrementos muy por encima de la inflación.

 

Para la legisladora, “no es falta de plata, es una decisión política” y advirtió que el debate de fondo pasa por el destino de los recursos en un contexto económico complejo. En esa línea, pidió mayor transparencia y sostuvo que los fondos del Estado deberían priorizar el sostenimiento de la economía real por sobre la financiación del sistema financiero.

 

En respuesta, el ministro Verbes salió al cruce y acusó a la legisladora de difundir “datos falsos” en un contexto delicado para las finanzas provinciales. “Lo que plantea la diputada no sólo es incorrecto desde el punto de vista técnico, sino que contribuye a desinformar“, afirmó, al tiempo que defendió el uso de plazos fijos como una herramienta financiera habitual para preservar el valor de los recursos en un contexto inflacionario.

 
El titular de Economía explicó que esos fondos “no son plata ociosa“, sino que tienen como destino el pago de salarios y jubilaciones, y que su utilización responde a la dinámica propia de la administración pública, donde los ingresos se perciben a lo largo del mes. Además, sostuvo que las colocaciones son de corto plazo y precancelables, por lo que el dinero está disponible cuando lo requiere la Tesorería. También remarcó que esta práctica está contemplada en la normativa vigente y que ha sido utilizada por gestiones anteriores, incluso por espacios políticos que hoy la cuestionan.

 

En ese sentido, cuestionó los datos difundidos por Mora y aseguró que corresponden a situaciones transitorias vinculadas a ingresos extraordinarios. Según indicó, esos recursos fueron utilizados para afrontar obligaciones salariales y previsionales. Verbes también contextualizó la discusión en el actual escenario económico: señaló que la provincia enfrenta una masa salarial mensual que supera los $ 130 mil millones, a lo que se suman unos $ 38 mil millones destinados a la seguridad social, en un contexto de caída de ingresos nacionales que ya generó pérdidas cercanas a los $ 30 mil millones.

 

En ese marco, defendió la decisión de solicitar un adelanto de coparticipación por $ 100 mil millones para afrontar compromisos inmediatos y remarcó que “lejos de sobrar recursos, se está administrando una situación de fuerte restricción financiera“. Finalmente, pidió responsabilidad en el debate público y advirtió sobre el impacto de las declaraciones en un contexto social complejo: “No hay plata escondida ni decisiones especulativas, hay administración responsable en un escenario muy difícil“.

 
La caída de la coparticipación vuelve a poner en discusión el esquema de financiamiento federal. Con menos recursos disponibles y mayores demandas, crece la presión sobre las provincias y se reaviva el reclamo por una distribución más equitativa.

 

Mientras tanto, el dato concreto es contundente: la crisis de ingresos ya impacta en todo el país y Santa Cruz forma parte de esa misma realidad, en un escenario donde las tensiones fiscales y políticas tienden a profundizarse.